El dueño de la cárcel de Sinaloa tiene pavorreales que dan un toque excéntrico a su estancia. Un líder de internos en Zacatecas cría gallos de pelea entre los barrotes. Otro cuenta con cuatro celdas para él solito: recámara, sala de tele, comedor y bar. El de más sentido empresarial instaló tiendas de campaña en el patio de la prisión y las renta para las visitas conyugales.
Por no hablar de la recurrente circulación libre de armas, drogas, alcohol y sexoservidoras; la falta de agua potable y la insalubre comida.
Estos asombrosos relatos fueron realizados por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que durante siete meses analizaron 100 de las más de 350 cárceles mexicanas. En más de la mitad registraron autogobierno. Las peores fueron Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Nuevo León. Las mejores (o menos malas), Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Baja California y las militares.
El informe se presentó casi simultáneamente al agarrón de la CNDH con la Universidad Nacional Autónoma de México por el caso de la joven abusada sexualmente por uno de sus profesores en la prepa 9. No es frecuente —tampoco deseable— constatar el pleito entre dos instituciones calificadas muy favorablemente por la gente.
Si bien estos expedientes han causado gran revuelo mediático, el asunto más fuerte está aún por anunciarse:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está a unos días de hacer pública su recomendación tras el análisis del asunto de las policías comunitarias, las guardias ciudadanas y los grupos de autodefensa en Guerrero. Las conclusiones serán explosivas.
La CNDH pedirá una desaparición de poderes virtual para Guerrero.
No usarán el término “desaparición de poderes”, no lo pondrán justo con esas palabras, pero según nos confían fuentes de primer nivel, el ombudsman pedirá al Senado que mandate una intervención federal para restaurar el orden constitucional en el estado, pues los poderes locales han sido rebasados. Es decir, lo mismo. Una desaparición de poderes virtual.
La argumentación partirá de la incapacidad del gobernador y el Congreso local para frenar un avance cada vez más decidido de un potaje indeseable: la mezcla de grupos del narcotráfico, reductos de guerrillas históricas, guardias comunitarias renovadas, movimientos magisteriales en apogeo y organizaciones estudiantiles dispuestas a morir en la raya, todos con un creciente cobijo social que encuentra en estas alternativas una verdadera opción de “gobierno” (o autogobierno) ante la incapacidad del Estado para procurarles condiciones mínimas de respeto a sus garantías individuales, empezando por el derecho a la vida.
SACIAMORBOS
Y para el próximo año concluirá la CNDH sus investigaciones sobre Michoacán y Oaxaca. Son indagatorias independientes, pero podría recomendar la misma medicina porque muchos de los problemas son similares.