“¡Cuidado con Guerrero, Estado guerrillero!”, gritaban eufóricos, irritados, unos cuatro mil maestros de la facción sindical Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) de esa entidad mientras quemaban tres edificios y destruían otros dos.
Como el Congreso estatal no aprobó las leyes que ellos querían para que no se les aplicara la reforma educativa, se encapucharon, se armaron con palos, piedras, varillas y en algunos casos pistolas, y apoyados por varias organizaciones sociales, vandalizaron las sedes del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y la Contraloría de la Secretaría de Educación estatales.
Todo esto sucedió sin que las policías municipal, estatal y federal se metieran. Algunos uniformados se limitaron a resguardar el Congreso local y el Palacio de Gobierno. Que la gente se amuele. La policía está para servir a sus jefes, no a su pueblo.
La primera reacción del Gobierno local, en voz del secretario de Gobierno, Humberto Salgado, fue dramática: son infiltrados, no son maestros. Los reporteros que cubrían su conferencia de prensa se quedaron atónitos: el gobierno local que se había quedado policiacamente pasmado, ahora exoneraba a los seudomaestros de la CETEG y atribuía la violencia a un grupo externo.
De inmediato, el gobernador Ángel Aguirre explicó que habían sido ambos grupos, maestros e infiltrados. “Son vándalos, son delincuentes”, dijo mientras esbozó que células de las guerrillas Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) participan en este movimiento.
Justificó la inacción policial en que eran pocos agentes para tantos en la turba, dijo que pidió refuerzos al gobierno federal y adelantó que ya se habían girado sendas órdenes de aprehensión contra los dos dirigentes más visibles de la CETEG, Gonzalo Juárez y Minervino Morán.
La posible participación de grupos guerrilleros y la radicalización de los maestros disidentes contra los partidos políticos más relevantes dejan dos escenarios:
El primero, que sería hasta un alivio, es que sean afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador que sigue una ruta en buena medida partidista e institucional. Hasta el cierre de esta columna Morena no había condenado los actos vandálicos y en Guerrero nada lopezobradorista había sido siniestrado.
El segundo es que un grupo numeroso de personas ya no encuentre espacios en la vida institucional mexicana, que se vuelvan aún más extremistas y que terminen en la clandestinidad de las armas en la sierra, inyectando vigor y recursos a los ya disminuidos grupos guerrilleros de otras décadas.
Por lo pronto, Guerrero es el reino de la ingobernabilidad. Las autoridades estatales y federal tienen una última oportunidad para que se no se les convierta en el Oaxaca en 2006. Pero como si fueran policías de Chilpancingo ayer —asustados por el número y grado de violencia de sus contrincantes— lucen atemorizados, inactivos, rebasados.