La noche del 16 de mayo de 2012 el entonces presidente Felipe Calderón pedía una explicación. Hasta su oficina en Los Pinos había llegado la noticia de la detención de Tomás Ángeles Dauahare, general del Ejército y ex subsecretario de la Defensa Nacional, el funcionario de más alto rango que jamás haya sido arrestado en México por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La noticia ya era una bomba mediática y política y el Presidente quería estar al tanto. Su procuradora general de la República, Marisela Morales, pudo darle poco detalle porque la detención y el expediente habían sido comandados por el Ejército, tanto desde la Sedena como por su brazo operador en la PGR.
Ya muy entrada la noche, desde la PGR enviaron a Los Pinos, con carácter de urgente, una “tarjeta informativa” al presidente Calderón. Eran pocos los detalles que ofrecía. La tarjeta no la había realizado Marisela Morales como procuradora ni Cuitláhuac Salinas como subprocurador encargado de combatir a la delincuencia organizada, sino que había salido de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, que formalmente pertenece a la PGR, pero en realidad opera como un organismo autónomo que sólo rinde cuentas al Ejército.
Su titular era el mayor Gerardo Salazar Bolaños, ex fiscal militar. Él desde la PGR y el coronel Avigai (no Abigaíl, como suele confundirse) Vargas Tirado como operador de las áreas de inteligencia desde la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron toda la trama, siguiendo las órdenes del general secretario Guillermo Galván Galván y su segundo de abordo, el general Moisés García Ochoa.
Cuando en la opinión pública empezó a cundir el rumor de que no había pruebas sólidas contra el general Dauahare y que todo olía a una vendetta político-militar, el presidente Calderón ordenó que si no había nada sólido en su contra lo dejaran en libertad.
Para la mala suerte del general Dauahare, en ese momento –con elecciones presidenciales desbordadas– las órdenes de Felipe Calderón no tenían el mismo peso que antes. Tan no había nada sólido contra el ex subsecretario de la Defensa que en lugar de consignarlo, los militares en el caso pidieron un arraigo para tratar de obtener más información, fundamentalmente de dos fuentes: el testigo protegido Roberto López Nájera de nombre clave Jennifer y el narcosicario Sergio Villareal El Grande, ambos pertenecientes al cártel de los Beltrán Leyva.
En este blog desde hace meses hemos ido armando el complejo rompecabezas que condujo a la detención del general Tomás Ángeles Dauahare. Todas las piezas siguen apuntando en el mismo sentido. Aquí los enlaces relacionados con el tema:
- El perro y su rabia https://www.carlosloret.com/el-perro-y-su-rabia/
- De generales y traiciones https://www.carlosloret.com/de-generales-y-traiciones/
- ¿Habrán logrado armar su caso? https://www.carlosloret.com/habran-logrado-armar-su-caso/
- A gritos en el gabinete https://www.carlosloret.com/a-gritos-en-el-gabinete-2/
- El almirante venció al general https://www.carlosloret.com/el-almirante-vencio-al-general/
- Aunque Peña no hable de muertos (saciamorbos) https://www.carlosloret.com/aunque-pena-no-hable-de-muertos/
SACIAMORBOS
Si le hubieran hecho caso a El Grande en todos sus dichos, al menos dos secretarios de Estado del sexenio de Felipe Calderón estarían en la cárcel por presuntos vínculos con el crimen organizado.