El Gobierno de Puebla ha decidido proceder en contra de dos periodistas, a los que acusa de daño moral. El vocero oficial, Sergio Ramírez, al anunciar la demanda civil, afirma que el gobernador Rafael Moreno Valle y varios funcionarios de su equipo han “soportado” durante año y medio “humillaciones e insultos”.
Los acusados son Fabián Gómez, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista de El Heraldo de Puebla, quienes se quejan de que Moreno Valle es intolerante ante la crítica y quiere implantar una relación autoritaria del gobierno con los periodistas.
Arturo Rueda, director del periódico Cambio, afirma que el trabajo de sus colegas Gómez y Ruiz es indefendible, que se dedican a publicar insultos y procacidades, tachando a funcionarios de marranos, descerebrados, drogados, cerdos, “chachas”. Ellos le responden que él trabaja para el gobierno. El vocero Sergio Ramírez afirma que los demandados en realidad quieren obtener dinero, como según él recibían en administraciones anteriores, y que están enojados porque Moreno Valle ha echado abajo acuerdos indebidos entre gobierno y prensa.
Lo preocupante en este caso, sin prejuzgar sobre la polémica entre colegas, es que exista una figura mediante la cual un gobierno como tal pueda proceder judicialmente en contra de periodistas individuales en defensa de “su honor”. Todo ciudadano tiene derecho a defender su honor, pero ¡¿un gobierno?!
El vocero Ramírez, en un discurso que pretende suavizar el hecho, dice que el gobernador envió el año pasado una iniciativa que modificó la ley, con lo que ahora los periodistas acusados de calumnia no enfrentan penas de cárcel y sólo se les puede exigir indemnización monetaria. Agrega que además, en este caso, Moreno Valle no buscará reparación económica, sino solamente que se disculpen públicamente.
Si esta demanda prospera, será un precedente muy preocupante y un caso único.
De por sí, hay consenso internacional de que quienes ocupan cargos públicos están más expuestos a los señalamientos, por lo que una demanda de un gobernante contra un periodista se considera una manera de inhibir a quienes ejercen la crítica. En este caso el asunto va más lejos: se trata de que el gobierno como tal procede contra dos particulares por presunto daño a su “honor”.
Desgraciadamente, nadie puede negar la existencia de acuerdos corruptos entre gobiernos y periodistas, pero también ya hemos visto en el pasado a gobernantes y políticos que han usado eso como pretexto y convirtiéndolo en una generalización para intimidar a todo aquel que los critica.
Vicente Fox alegaba que los que los criticaban estaban enojados porque en su gobierno ya no había dinero corrupto para ellos. López Obrador es experto en acusar de vendidos a todos los que osan criticarlo.
Moreno Valle dice que está cambiando la relación prensa-gobierno en Puebla para hacerla más transparente y democrática. Peligroso camino el que ha escogido: el Estado contra particulares por una cuestión de “honor”.